Programa 197

"El salario mínimo y la protección
social en Argentina"

En esta emisión contamos con la participación de Fernando Groisman, Dr. en Ciencias Sociales, Docente-Investigador UBA-CONICET, Director del Centro de Investigación en Trabajo, Distribución y Sociedad (CITRADIS), para reflexionar sobre el mercado laboral y protección social.

Para comenzar, se planteó en qué consiste la política de salario mínimo. "El salario mínimo es una regulación extendida en el mundo y lo que busca es garantizar una remuneración mínima para aquellos trabajadores que están más expuestos a no gozar de un salario que les permita satisfacer sus necesidades básicas. Esto ocurre en ciertos sectores de actividad donde suele haber algún exceso de oferta de trabajo con relación a la cantidad de trabajo disponible. Así, las regulaciones de salario mínimo tienden a favorecer a estos trabajadores, que suelen tener menores calificaciones y menores probabilidades de poder acceder a un trabajo de mejores condiciones. En Argentina, esta regulación está garantizada por Ley desde 1964; sin embargo, no durante todo su período ha cumplido con su rol", comentó Fernando.

Continuando con la línea anterior, el invitado afirmó que "el salario mínimo tiene varios objetivos simultáneamente: al tiempo que pretende garantizar un ingreso mínimo,
de alguna manera también tiene un objetivo de reducción de la pobreza y de redistribución del ingreso. Asimismo, el salario mínimo contribuye a aumentar el nivel de consumo y, por lo tanto, la calidad de vida de las personas. Esta regulación tiene una virtud particular: no se trata de una erogación que deba ser afrontada por el Estado, sino por los empleadores".

Luego, en materia de protección social, el Dr. Groisman destacó que "la Asignación Universal por Hijo (AUH), política social que se implementa en Argentina desde 2009, consiste -para decirlo rápidamente- en una transferencia de ingresos a hogares que carecen de un empleo formal. Es decir, se trata de una ampliación de los derechos que gozan los niños de padres asalariados registrados. Esta transferencia de ingresos es muchas veces vista de manera crítica: a veces se argumenta que estos hogares no deberían recibir ninguna transferencia porque lo que deberían hacer es conseguir un empleo. En otras palabras, en tales críticas la responsabilidad de acceder a un empleo recaería en los hogares. La visión subyacente a este diagnóstico es que el puesto de trabajo está disponible y son las personas las que no acceden al mismo. Y la verdad es que ello no se condice con la realidad del mercado de trabajo en Argentina porque históricamente en el país la generación de puestos de trabajo ha sido menor a la cantidad de trabajadores que buscan acceder a un empleo. Esa población que desea acceder al mercado laboral y no puede requiere de algún tipo de protección social".

"Las condicionalidades que tiene la AUH (la de salud y educación) no son el objetivo de la política; la AUH consiste en una política de protección social, no se trata de una política educativa o de salud. Se trata de una política que, como su nombre indica, busca proteger de la contingencia social a ciertos hogares que, debido a determinadas característica, no logra acceder al mercado de trabajo", agregó Fernando.

Finalmente, en relación a la temática de la segregación territorial, el invitado sostuvo que "la segregación residencial socioeconómica involucra a los grandes centros urbanos y hace referencia al fenómeno en el que existen conjuntos residenciales que son diferentes entre sí, pero que son homogéneos en su interior. Básicamente, uno puede pensar en los barrios cerrados por un lado, y en los asentamientos precarios por otro lado. Esto tiene un impacto muy negativo sobre los niveles de igualdad e integración social a los que puede aspirar una sociedad; en tanto y en cuanto uno no se reconozca similar al otro, esto tiene efectos sobre la cohesión social y las posibilidades que tiene la sociedad para pensarse a sí misma como un colectivo que nos agrupa a todos".