Programa 162

"El delito es una construcción social"

En esta emisión, contamos con la participación de Gabriela Seghezzo, Lic. en Ciencias Políticas, Docente de FFyL y del Programa UBA XXII, Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, para reflexionar sobre inseguridad y violencia institucional.

Como puntapié inicial, se le consultó a la invitada acerca de su motivación por la temática: "Lo que tratamos de operar es mostrar cómo la inseguridad -tal y como se la construye desde hace quince años en Argentina- es reducida al delito, dejando así por fuera otras problemáticas sociales que forman parte de la inseguridad (por ejemplo, los accidentes de tránsito, las inseguridades laborales, la inseguridad de género). Asimismo, opera una segunda reducción: no sólo la inseguridad es reducida al delito,
sino que el delito es reducido a aquellos cometidos por los sectores sociales más desfavorecidos. En ese sentido, tampoco entra en la definición de inseguridad, por ejemplo, los delitos cometidos por los poderosos, ni tampoco las prácticas ilegales en las que participan las fuerzas de seguridad".

Más tarde, Gabriela planteó que "el delito es una construcción social: no existe alguna práctica que per se se defina como delito, sino que es una construcción social, jurídica, política e histórica. Eso supone una política penal que intervenga sobre ciertos sectores y no sobre otros. Siempre hay que pensar en el clásico concepto foucaultiano de la administración diferencial de los ilegalismos: el sistema penal opera visibilizando a algunos, y en esa visibilización permite la invisibilización de los otros". 

Por otra parte, en cuanto a las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad, Seghezzo afirmó que "no siempre entran en nuestro vocabulario y sentido común como violencia institucional. Por poner un ejemplo: las transiciones democráticas en América Latina han impactado sobre ese modo de construcción  de los problemas en cada una de las coyunturas. La transición democrática argentina permitió la separación absoluta de los militares en seguridad interior, y eso no pasa en general en el resto de los países de Latinoamérica. Así que me parece que el umbral de lo tolerable e intolerable -que, en definitiva, es lo que define a una práctica como violenta o legítima- varía en los contextos históricos dependiendo, entre otras cosas, de la transición democrática. En ese sentido, hay un punto común que atraviesan a todas las experiencias en Latinoamérica que tiene que ver con la entronización de la inseguridad como un problema que hay que atender. Dicha entronización permite y legitima la intervención violenta sobre ciertos sectores".